Una Notificación Roja de INTERPOL puede publicarse a petición de la Oficina Central Nacional de un país miembro si se acusa al propietario de un negocio de criptomonedas de delitos financieros con activos virtuales. INTERPOL coordina la búsqueda internacional, mientras que la detención, el registro y la incautación los llevan a cabo las autoridades nacionales conforme a su propio derecho. La notificación puede impugnarse ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF). No hay plazo para acudir a ella: la solicitud de acceso, rectificación o supresión de datos puede presentarse en cualquier momento (art. 29 del Estatuto de la CCF).
Una Notificación Roja (Red Notice) es una solicitud que la Secretaría General de INTERPOL publica a petición de una Oficina Central Nacional o de una entidad internacional para localizar a una persona buscada y lograr su detención, arresto o la restricción de sus movimientos con fines de extradición, entrega u otra actuación legal similar (Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos, artículo 82).
Los activos virtuales son activos digitales, incluidas las criptomonedas, los tokens y otras formas de medios de pago descentralizados, que pueden utilizarse en operaciones financieras y quedar sujetos al control de las autoridades cuando exista sospecha de actividad ilegal.
Datos principales
Una Notificación Roja solo se publica tras un examen jurídico de la Secretaría General sobre su conformidad con el Estatuto de INTERPOL, en particular con sus artículos 2 y 3 (art. 86 del Reglamento sobre el Tratamiento de Datos).
No hay plazo para acudir a la CCF: la solicitud de acceso, rectificación o supresión de datos puede presentarse en cualquier momento y de forma gratuita (arts. 29–30 del Estatuto de la CCF).
En 2023 la CCF adoptó 500 decisiones sobre quejas; en 342 casos (68 %) concluyó que los datos no eran conformes a las normas de INTERPOL (informe de actividad de la CCF de 2023).
La CCF decide sobre una solicitud de supresión de datos en un plazo de nueve meses desde que se declara admisible; en 2023 el 85 % de las quejas se tramitó en ese plazo y el resto, en una media de 12 a 15 meses.
¿Qué es INTERPOL y por qué las criptomonedas se convirtieron en uno de sus objetivos?
INTERPOL no es una fuerza policial ni un tribunal. La organización no puede detener, confiscar ni juzgar. En su lugar, coordina las Oficinas Centrales Nacionales de 196 países miembros: transmite solicitudes de búsqueda, intercambia datos y proporciona apoyo analítico.
Las criptomonedas se convirtieron en un objetivo porque son ideales para los delitos transfronterizos. Blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, esquemas piramidales de inversión y extorsión mediante rescate: todo esto se mueve por la cadena de bloques en cuestión de minutos, cruza fronteras sin control aduanero y permanece en bases de datos abiertas que son difíciles, aunque posibles, de descifrar.
El Estatuto de INTERPOL fija límites estrictos. El artículo 2 exige actuar en el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 3 prohíbe rigurosamente a INTERPOL toda intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial. Estas disposiciones son la principal herramienta para impugnar una notificación emitida con el pretexto de un delito pero que en realidad sirve como instrumento de competencia o de presión política.
De la práctica: Muchos propietarios de negocios de criptomonedas se enteran de la Notificación Roja solo al cruzar una frontera. No hace falta esperar a la detención: no hay plazo para acudir a la CCF y la solicitud de acceso a los datos puede presentarse con antelación (art. 29 del Estatuto de la CCF).
¿Tiene INTERPOL derecho a confiscar criptomonedas?
No. Todas las medidas de ejecución —detención, registro y decomiso— las llevan a cabo las autoridades nacionales conforme a su propio derecho (art. 87 del Reglamento sobre el Tratamiento de Datos). INTERPOL facilita el intercambio de información y la coordinación entre países.
Cuando las autoridades de un país detectan un delito relacionado con criptomonedas con conexiones internacionales, se dirigen a su Oficina Central Nacional (OCN). La OCN envía la solicitud a otros países por los canales de INTERPOL. A partir de ahí decide el derecho nacional: el procedimiento y los plazos para congelar cuentas en plataformas de criptomonedas varían de un país a otro.
Tipos habituales de fraude con criptomonedas
Las causas penales suelen estar relacionadas con los siguientes esquemas; por regla general, todos tienen carácter transfronterizo.
Esquemas piramidales de inversión. Los organizadores registran empresas en jurisdicciones extraterritoriales y atraen a inversores a través de redes sociales prometiendo una alta rentabilidad procedente de tokens o de la minería. Después de reunir una cantidad crítica de fondos, el proyecto se cierra y el dinero desaparece.
Compromiso del correo electrónico empresarial (BEC). Los delincuentes acceden al correo corporativo o lo suplantan, se hacen pasar por un directivo o un socio y piden una transferencia urgente de dinero. La víctima no verifica la solicitud por otro canal y el dinero desaparece.
Plataformas de intercambio y monederos falsos. Los estafadores crean sitios web que imitan las interfaces de plataformas conocidas. Recopilan nombres de usuario, contraseñas y claves privadas. El dinero se transfiere a monederos anónimos en cuestión de minutos.
Phishing mediante distribución de tokens. A la víctima se le ofrece recibir tokens gratuitos de un nuevo proyecto, pero para activarlos debe pagar una comisión en criptomonedas. Después de realizar la transferencia, los tokens no llegan y el sitio web se cierra.
¿Cómo se rastrean las transacciones con criptomonedas?
Bitcoin y Ethereum tienen blockchains públicas: cada transacción queda registrada en un libro abierto con direcciones e importes. Las direcciones no contienen nombres, pero la secuencia de transferencias permite rastrear el movimiento de fondos. Cuando una autoridad detecta un monedero sospechoso, se envía una solicitud a las plataformas de intercambio: allí se aplican procedimientos KYC (identificación de clientes) y, ante una solicitud legal, la plataforma puede facilitar los datos del usuario a los investigadores.
Las criptomonedas centradas en la privacidad, como Monero y Zcash, dificultan notablemente el rastreo.
La tarea más difícil es devolver los activos incautados a las víctimas. El procedimiento depende de la legislación nacional: reconocimiento de la criptomoneda como bien, valoración en el momento de la incautación, resolución judicial de decomiso y reparto entre las víctimas. Puede llevar mucho tiempo, sobre todo si intervienen varias jurisdicciones.
De la práctica: Tras la supresión de datos por decisión de la CCF, la Secretaría General informa sin demora a los países que los habían recibido (art. 41 del Estatuto de la CCF). Sin embargo, los datos suprimidos de los ficheros de INTERPOL a veces permanecen en los ficheros nacionales; en esos casos la CCF puede pedir a la OCN que los verifique y actualice (informe de actividad de la CCF de 2023).
Notificaciones Rojas y delitos relacionados con criptomonedas: cómo funciona la búsqueda internacional
La Notificación Roja la publica la Secretaría General a petición de la OCN del país donde la persona está acusada o ha sido condenada, o de una entidad internacional. Antes de publicarse, la solicitud se somete a un examen jurídico de conformidad con el Estatuto y el Reglamento, en particular con los artículos 2 y 3 del Estatuto (art. 86 del Reglamento). Condiciones mínimas (art. 83): un delito grave de derecho común —no una infracción administrativa ni un litigio privado—; una pena máxima de al menos dos años de privación de libertad o, para personas condenadas, al menos seis meses de pena por cumplir.
Los casos de criptomonedas dan lugar a Notificaciones Rojas principalmente por dos acusaciones. Estafa: cuando una persona obtuvo fondos de inversores o clientes mediante engaño. Blanqueo de capitales: cuando una persona transfirió fondos entre monederos o plataformas para ocultar su origen. El blanqueo también puede imputarse a propietarios de plataformas legales si por ellas pasaron fondos de delincuentes, y este es un punto crítico para la defensa.
| Etapa del procedimiento ante la CCF | Plazo | Actuación |
| Comprobación de la admisibilidad de la reclamación | 1 mes | La CCF comprueba si la reclamación entra dentro de las competencias de la Comisión |
| Examen del fondo | 9 meses | La CCF solicita explicaciones a la OCN fuente y a la Secretaría General y examina si el tratamiento de datos se ajusta a las normas de INTERPOL |
| Ejecución de la decisión | Hasta 1 mes | La Secretaría General ejecuta la decisión e informa sin demora de la rectificación o supresión a los países que habían recibido los datos (art. 41) |
| Concesión de acceso al expediente | 4 meses | Decisión sobre la solicitud de acceso a los datos; parte de la información puede no revelarse (art. 35) |
La CCF decide sobre una solicitud de supresión en un plazo de nueve meses desde que se declara admisible; en 2023 el 85 % de las quejas se tramitó en ese plazo y el resto, en una media de 12 a 15 meses (informe de actividad de la CCF de 2023). La decisión de la CCF es definitiva y vinculante para INTERPOL y para el solicitante (art. 38 del Estatuto de la CCF). Pero la supresión de la notificación no cierra el procedimiento nacional: la CCF solo examina si el tratamiento de datos se ajusta a las normas de INTERPOL (art. 33).
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Comisión de Control de los Ficheros: quién protege sus derechos y cómo
Desde el 11 de marzo de 2017 la CCF funciona con su Estatuto vigente. La Comisión está compuesta por siete miembros elegidos por la Asamblea General de INTERPOL. Lo esencial: los miembros de la CCF son independientes y no solicitan ni aceptan instrucciones de ninguna persona, órgano o gobierno (art. 11 del Estatuto de la CCF).
Cualquier persona puede dirigirse a la CCF para solicitar el acceso, la rectificación o la supresión de datos. La solicitud se presenta por escrito, en uno de los idiomas de trabajo de INTERPOL y de forma gratuita; la solicitud de rectificación o supresión debe exponer los motivos (art. 30 del Estatuto de la CCF): las meras afirmaciones no bastan.
La CCF solicita explicaciones a la OCN de la que proceden los datos y a la Secretaría General (art. 34). La información está a disposición del solicitante salvo que su divulgación esté restringida (art. 35). Después, la CCF decide si el tratamiento de datos se ajusta a las normas de INTERPOL y, si no es así, ordena su rectificación o supresión.
Estadísticas: en 2023 la CCF adoptó 500 decisiones sobre quejas; en 342 casos (68 %) concluyó que los datos no eran conformes a las normas de INTERPOL y en otros 138 casos la Secretaría General o la OCN suprimieron los datos antes de la decisión de la CCF (informe de actividad de la CCF de 2023). La CCF publica en su sitio web una selección de decisiones anonimizadas y un informe anual de actividad.
Cuándo un negocio legítimo de criptomonedas queda bajo sospecha
Existen tres escenarios principales. Primero: la empresa opera en un país en el que las criptomonedas están completamente prohibidas o estrictamente reguladas. La plataforma presta servicios a clientes de ese país sin licencia local y las autoridades califican esta actividad como actividad financiera ilegal.
El segundo escenario es que la plataforma haya facilitado involuntariamente el acceso de los estafadores al sistema. La administración no bloqueó a tiempo las cuentas sospechosas. La fiscalía acusa al propietario de blanqueo de capitales, afirmando que los procedimientos de verificación de clientes eran insuficientes.
Tercero: un conflicto de intereses. El negocio de criptomonedas amenaza el monopolio de bancos estatales o grupos influyentes. Se inicia un procedimiento penal por un motivo formal —incumplimiento de los requisitos de licencia o deudas fiscales—, pero el objetivo real es expulsar a un competidor del mercado.
La principal trampa para los acusados es que las criptomonedas no se rigen por una norma internacional única: lo que está permitido en un país puede ser delito en otro. Una plataforma con licencia europea de activos virtuales atiende a clientes de todo el mundo, y la queja de un cliente de un país con prohibición puede dar pie a una causa penal y a una solicitud a INTERPOL.
Primeros pasos si le acusan de estar relacionado con estafadores de criptomonedas
Solicite el acceso a los datos de INTERPOL a través de la CCF: es gratuito. La CCF debe decidir sobre la solicitud de acceso en un plazo de cuatro meses desde que se declara admisible (art. 40 del Estatuto de la CCF); parte de la información puede no revelarse (art. 35). Solo con estos datos se puede evaluar la base jurídica y diseñar una estrategia de defensa.
El segundo paso es reunir pruebas de legalidad: licencias, informes de auditoría, registros de los procedimientos KYC y AML, correspondencia con los reguladores. Estos documentos ayudan a demostrar la buena fe del negocio.
Este artículo ha sido publicado por un despacho de abogados independiente únicamente con fines informativos y no representa ni afirma tener relación alguna con organismos estatales, organizaciones internacionales o autoridades oficiales.




