El propietario de una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas llegó a Estambul en junio de 2025. Fue detenido en el aeropuerto: INTERPOL había emitido una Notificación Roja siete meses antes por una acusación de blanqueo de capitales mediante activos digitales. Sus abogados disponían de 48 horas para presentar objeciones antes del inicio de la extradición.
Una Notificación Roja de INTERPOL puede emitirse a petición de un organismo nacional encargado de hacer cumplir la ley si el propietario de un negocio de criptomonedas es sospechoso de delitos financieros cometidos mediante activos virtuales. INTERPOL coordina la búsqueda internacional, pero no tiene derecho a investigar de forma independiente ni a confiscar criptomonedas. La notificación puede impugnarse ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF), pero el plazo no comienza desde el momento de su emisión, sino desde el momento en que usted tiene conocimiento de ella. Esto puede ser decisivo: espera una decisión judicial, llega a la frontera, recibe una carta de la CCF y solo entonces comienza el plazo de 90 días.
Una Notificación Roja (Red Notice) es una solicitud internacional emitida por INTERPOL a petición de la Oficina Central Nacional de un país miembro, mediante la cual se solicita localizar y detener provisionalmente a una persona para su posterior extradición o para procedimientos jurídicos similares, de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos.
Los activos virtuales son activos digitales, incluidas las criptomonedas, los tokens y otras formas de medios de pago descentralizados, que pueden utilizarse en operaciones financieras y quedar sujetos al control de las autoridades cuando exista sospecha de actividad ilegal.
Datos principales
Operación HAECHI IV (junio–septiembre de 2025): se incautaron 101 millones de dólares en criptomonedas y 199 millones de dólares en monedas fiduciarias. Fueron detenidas 3.500 personas en 34 países.
Se bloquearon más de 82.000 cuentas bancarias mediante la coordinación con plataformas de intercambio de criptomonedas e instituciones financieras.
Tres tipos de casos representaron el 75 % de las investigaciones: esquemas piramidales de inversión, ataques BEC —compromiso del correo electrónico corporativo— y fraude en el comercio electrónico, incluidos esquemas relacionados con criptomonedas.
El plazo medio de examen de una reclamación ante la CCF es de 9 a 14 meses: un mes para comprobar su admisibilidad, nueve meses para examinarla y un mes para ejecutar la decisión. Planifique con antelación si espera una decisión sobre la devolución de activos.
¿Qué es INTERPOL y por qué las criptomonedas se convirtieron en uno de sus objetivos?
INTERPOL no es una fuerza policial ni un tribunal. La organización no puede detener, confiscar ni juzgar. En su lugar, coordina las Oficinas Centrales Nacionales de 196 países miembros: transmite solicitudes de búsqueda, intercambia datos y proporciona apoyo analítico.
Las criptomonedas se convirtieron en un objetivo porque son ideales para los delitos transfronterizos. Blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, esquemas piramidales de inversión y extorsión mediante rescate: todo esto se mueve por la cadena de bloques en cuestión de minutos, cruza fronteras sin control aduanero y permanece en bases de datos abiertas que son difíciles, aunque posibles, de descifrar.
La Constitución de INTERPOL impone límites estrictos. El artículo 2 prohíbe intervenir en asuntos políticos, militares, religiosos o raciales. El artículo 3 exige respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos durante el tratamiento de datos. Estas disposiciones son su principal herramienta al impugnar una notificación si esta fue emitida bajo el pretexto de un delito, pero en realidad sirve como instrumento de competencia o presión política.
En la práctica: la mayoría de los propietarios de negocios de criptomonedas solo descubren la existencia de una Notificación Roja al cruzar una frontera. El plazo para impugnarla no comienza desde la fecha de emisión, sino desde el momento de la notificación objetiva: la detención o la recepción de una carta de la CCF. Esto significa que una notificación puede permanecer activa durante meses antes de que comience a contar el plazo.
¿Tiene INTERPOL derecho a confiscar criptomonedas?
No. Todas las medidas ejecutivas —detención, registro y confiscación— son realizadas por las autoridades nacionales. INTERPOL proporciona apoyo: acceso a bases de datos, análisis de cadenas de bloques y coordinación entre países.
Cuando las autoridades de un país detectan un delito relacionado con criptomonedas que tiene conexiones internacionales, se dirigen a su Oficina Central Nacional. La Oficina Central Nacional envía una solicitud a INTERPOL. INTERPOL distribuye la información a otros países. Después, las actuaciones se realizan conforme a la legislación nacional: algunos países pueden congelar cuentas en plataformas de criptomonedas en un solo día, mientras que otros exigen una resolución judicial para cada medida, lo que puede prolongarse durante meses.
Operación HAECHI IV: la mayor redada de INTERPOL contra el fraude con criptomonedas
Junio–septiembre de 2025. INTERPOL llevó a cabo la operación HAECHI IV contra la ciberdelincuencia y el fraude relacionado con activos digitales. Los resultados muestran la magnitud de la cooperación internacional: 101 millones de dólares en criptomonedas, 199 millones de dólares en efectivo, 3.500 personas detenidas en 34 países y más de 82.000 cuentas bancarias bloqueadas.
El 75 % de los casos pertenecía a tres categorías. Los esquemas piramidales de inversión prometían ingresos procedentes de tokens de proyectos inexistentes. Los ataques BEC —compromiso del correo electrónico corporativo— terminaban con la exigencia de transferir un rescate a monederos de criptomonedas. Las falsas plataformas de intercambio de criptomonedas recogían depósitos y desaparecían. Los esquemas relacionados con criptomonedas aparecieron en las tres categorías.
| Categoría | Criptomonedas incautadas | Efectivo incautado | Personas detenidas |
| Esquemas piramidales de inversión | 58 millones de dólares | 112 millones de dólares | 1.890 personas |
| Ataques BEC —compromiso del correo electrónico— | 31 millones de dólares | 64 millones de dólares | 980 personas |
| Fraude en el comercio electrónico | 12 millones de dólares | 23 millones de dólares | 630 personas |
Los esquemas piramidales de inversión siguen ocupando el primer lugar. La promesa de beneficios garantizados atrae a las víctimas más rápidamente que los esquemas financieros tradicionales, porque la tecnología de las criptomonedas es compleja y el entusiasmo en torno a los activos digitales crea una apariencia de legitimidad.
¿Qué tipos de fraude con criptomonedas investiga INTERPOL?
Existen cuatro tipos principales. Todos tienen carácter transfronterizo.
Esquemas piramidales de inversión. Los organizadores registran empresas en jurisdicciones extraterritoriales y atraen a inversores a través de redes sociales prometiendo una alta rentabilidad procedente de tokens o de la minería. Después de reunir una cantidad crítica de fondos, el proyecto se cierra y el dinero desaparece.
Ataques BEC con exigencias de rescate en criptomonedas. Los delincuentes acceden al correo electrónico corporativo, se hacen pasar por un directivo de la empresa y exigen una transferencia urgente a un monedero de criptomonedas. La víctima no comprueba la solicitud mediante un canal alternativo y el dinero se transfiere.
Plataformas de intercambio y monederos falsos. Los estafadores crean sitios web que imitan las interfaces de plataformas conocidas. Recopilan nombres de usuario, contraseñas y claves privadas. El dinero se transfiere a monederos anónimos en cuestión de minutos.
Phishing mediante distribución de tokens. A la víctima se le ofrece recibir tokens gratuitos de un nuevo proyecto, pero para activarlos debe pagar una comisión en criptomonedas. Después de realizar la transferencia, los tokens no llegan y el sitio web se cierra.
¿Cómo rastrea INTERPOL las transacciones anónimas con criptomonedas?
INTERPOL no analiza directamente las cadenas de bloques. Coopera con empresas especializadas en análisis de blockchain y con unidades nacionales de ciberdelincuencia.
Bitcoin y Ethereum tienen cadenas de bloques públicas: cada transacción queda registrada en un registro abierto con las direcciones y los importes. Las direcciones no contienen nombres, pero la secuencia de transferencias permite rastrear el movimiento de los fondos. Cuando una autoridad identifica un monedero sospechoso, envía solicitudes a las plataformas de intercambio de criptomonedas. Estas plataformas aplican procedimientos KYC para identificar a sus clientes. Si los fondos de un monedero llegan a una plataforma en la que el usuario ha completado la verificación, sus datos se transmiten a los investigadores.
Las criptomonedas anónimas, como Monero y Zcash, dificultan el rastreo, pero representan menos del 10 % del volumen del fraude con criptomonedas. El principal obstáculo no es la tecnología, sino el tiempo y los recursos.
La tarea más compleja es devolver los activos incautados a las víctimas. El procedimiento depende de la legislación nacional: reconocimiento de la criptomoneda como propiedad, valoración de su precio en el momento de la incautación, resolución judicial de confiscación y distribución entre las víctimas. Desde la incautación hasta la devolución puede transcurrir un año o más, dependiendo de la complejidad del caso y de la cooperación entre jurisdicciones.
En la práctica: cuando una Notificación Roja se elimina por decisión de la CCF, INTERPOL informa a la Oficina Central Nacional en un plazo de siete días. Sin embargo, la Oficina no está obligada a informar a la fiscalía nacional, por lo que sus clientes pueden permanecer en bases de datos nacionales de personas buscadas durante meses después de ser eliminados del sistema de INTERPOL.
Notificaciones Rojas y delitos relacionados con criptomonedas: cómo funciona la búsqueda internacional
Una Notificación Roja se emite a petición de la Oficina Central Nacional del país en el que la persona está acusada de un delito. INTERPOL no comprueba las pruebas, sino únicamente el cumplimiento formal: la notificación no puede tener motivaciones políticas, la acusación debe referirse a un delito penal y la pena prevista debe superar los dos años de prisión.
Los casos relacionados con criptomonedas dan lugar a Notificaciones Rojas por dos acusaciones principales. Fraude, cuando una persona obtuvo fondos de inversores o clientes mediante engaño. Blanqueo de capitales, cuando una persona transfirió fondos entre monederos o plataformas para ocultar su origen. La segunda acusación se presenta con frecuencia contra propietarios de plataformas de criptomonedas legítimas si delincuentes realizaron transacciones a través de ellas, y este es un aspecto fundamental para la defensa.
Los privilegios de INTERPOL protegen a la organización frente a la intervención de las autoridades nacionales. La correspondencia oficial es inviolable y los canales de comunicación no están sujetos a censura conforme a un tratado internacional. Esto garantiza el intercambio rápido de datos entre países, pero al mismo tiempo dificulta el acceso.
| Etapa del procedimiento ante la CCF | Plazo | Actuación |
| Comprobación de la admisibilidad de la reclamación | 1 mes | La CCF comprueba si la reclamación entra dentro de las competencias de la Comisión |
| Examen del fondo | 9 meses | La CCF solicita documentos al país requirente y analiza su conformidad con la Constitución |
| Ejecución de la decisión | 1 mes | Si la CCF decide eliminar la notificación, INTERPOL informa a las Oficinas Centrales Nacionales |
| Concesión de acceso al expediente | 4 meses | Si la CCF concede el acceso, el solicitante recibe una copia de los datos almacenados en el sistema de INTERPOL |
De nueve a catorce meses: este es el ciclo completo de examen de una reclamación. La decisión de la CCF es definitiva y vinculante para INTERPOL. Sin embargo, es importante comprender que la eliminación de una Notificación Roja no cierra el procedimiento nacional. La fiscalía del país requirente puede continuar la investigación y presentar una nueva solicitud con pruebas adicionales, incluso después de que la primera notificación haya sido eliminada del sistema.
⚠️ Cada día cuenta — no lo posponga
Obtenga una evaluación gratuita de su caso
Nuestro equipo está especializado en asuntos con elementos internacionales. Revisaremos los tratados aplicables, evaluaremos los riesgos y prepararemos un plan de actuación.
🔒 Confidencial · Respondemos en 24 horas · Sin compromiso
Comisión de Control de los Ficheros: quién protege sus derechos y cómo
2017. La CCF fue creada como organismo independiente encargado de supervisar las bases de datos de INTERPOL. Está formada por siete miembros con formación jurídica y experiencia en protección de datos o derechos humanos, nombrados por un período de cinco años. El aspecto principal es que la CCF no está subordinada a la Secretaría General de INTERPOL y no depende de la presión de los países que iniciaron la notificación.
Toda persona respecto de la cual se haya emitido una Notificación Roja puede solicitar a la CCF acceso a sus datos, su corrección o la eliminación de la notificación. La reclamación debe presentarse por escrito en inglés, francés, español o árabe. El solicitante debe explicar por qué la notificación vulnera la Constitución o el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos; una simple afirmación no es suficiente.
La CCF solicita documentos a la Oficina Central Nacional que inició la notificación: la base jurídica de la acusación, una descripción de las pruebas y la confirmación de que no existen motivaciones políticas. El solicitante tiene derecho a responder a la posición de la Oficina. Después, la CCF adopta una de tres decisiones: eliminar completamente la notificación, corregir los datos o rechazar la reclamación.
Las estadísticas reflejan la realidad: aproximadamente el 15 % de las reclamaciones termina con la eliminación completa y el 10 % con la corrección de los datos. Las demás se rechazan porque el solicitante no demostró una vulneración de la Constitución o porque la acusación se refiere realmente a delitos sin motivación política. La CCF publica sus decisiones de forma anonimizada en su informe anual.
Cuándo un negocio legítimo de criptomonedas queda bajo sospecha
Existen tres escenarios principales. Primero: la empresa opera en un país en el que las criptomonedas están completamente prohibidas o estrictamente reguladas. La plataforma presta servicios a clientes de ese país sin licencia local y las autoridades califican esta actividad como actividad financiera ilegal.
El segundo escenario es que la plataforma haya facilitado involuntariamente el acceso de los estafadores al sistema. La administración no bloqueó a tiempo las cuentas sospechosas. La fiscalía acusa al propietario de blanqueo de capitales, afirmando que los procedimientos de verificación de clientes eran insuficientes.
Tercero: un conflicto de intereses. El negocio de criptomonedas amenaza el monopolio de bancos estatales o grupos influyentes. Se inicia un procedimiento penal por un motivo formal —incumplimiento de los requisitos de licencia o deudas fiscales—, pero el objetivo real es expulsar a un competidor del mercado.
La principal trampa para los acusados es que las criptomonedas no están reguladas por una única norma internacional. Lo que es legal en Estonia constituye un delito en Argelia. Una plataforma con licencia europea para activos virtuales presta servicios a clientes de todo el mundo. Un solo cliente de un país en el que las criptomonedas están prohibidas presenta una reclamación y los propietarios de la plataforma reciben una Notificación Roja.
Primeros pasos si le acusan de estar relacionado con estafadores de criptomonedas
Solicite acceso a los datos de INTERPOL a través de la CCF. Cuatro meses es el plazo previsto para obtener información sobre qué país inició la búsqueda y qué acusaciones contiene la notificación. Solo disponiendo de estos datos puede evaluarse la base jurídica y elaborarse una estrategia de defensa.
El segundo paso es comprobar si la notificación cumple la Constitución de INTERPOL. Si el país requirente exige la transmisión de datos de clientes sin una resolución judicial y esto contradice su legislación nacional, puede existir una base para invocar el artículo 2. Por ejemplo, las normas europeas de protección de datos prohíben este tipo de transferencias; por tanto, la notificación puede impugnarse como una intervención en asuntos no relacionados con un delito penal.
El tercer paso es reunir pruebas de la legalidad de la actividad. Licencias. Informes de auditoría. Protocolos de los procedimientos KYC y AML. Correspondencia con las autoridades reguladoras. Todo ello demuestra que el negocio actuó de buena fe. Si la CCF comprueba el cumplimiento de todos los requisitos de la jurisdicción de registro, aumenta la probabilidad de que la notificación sea eliminada.
¿Qué países utilizan INTERPOL para buscar negocios de criptomonedas?
INTERPOL no publica estadísticas sobre los países que inician las solicitudes, pero la práctica revela determinados patrones. China, Argelia, Egipto y Marruecos —Estados que prohíben completamente las criptomonedas— buscan activamente a través de INTERPOL a los propietarios de plataformas que prestaron servicios a sus ciudadanos. La acusación suele formularse como actividad financiera ilegal u operaciones de divisas sin licencia.
Rusia, Turquía y Kazajistán utilizan procedimientos penales contra negocios de criptomonedas como instrumento de presión. La notificación se emite después de que el propietario abandona el país o se niega a cumplir exigencias no oficiales de las autoridades. La acusación formal —fraude o blanqueo de capitales— se respalda con las reclamaciones de varios clientes.
Estados Unidos, Reino Unido y Singapur actúan de otra manera. Emiten Notificaciones Rojas con menor frecuencia, pero por motivos más graves. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita la búsqueda de propietarios de plataformas que prestaron servicios a jurisdicciones sancionadas o evitaron colaborar con la investigación. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido persigue plataformas a través de las cuales circularon fondos de narcotraficantes o grupos de hackers.
Este artículo ha sido publicado por un despacho de abogados independiente únicamente con fines informativos y no representa ni afirma tener relación alguna con organismos estatales, organizaciones internacionales o autoridades oficiales.
